Se recibieron informes de torturas y malos tratos que causaron al menos dos muertes. Se registraron escasos progresos en las investigaciones sobre «desapariciones» ocurridas en el pasado. Algunas personas fueron muertas por la policía en circunstancias que sugerían que pudo tratarse de ejecuciones extrajudiciales.
En diciembre, el Parlamento aprobó una ley por la que se otorgaba indemnización a los familiares de los «desaparecidos» entre 1976 y 1983, durante la llamada «guerra sucia».
Dos meses antes, por primera vez, un oficial de la Armada en servicio activo, el capitán Antonio Pernías, admitió públicamente que la Armada había estado implicada en casos de tortura de presos durante la «guerra sucia», de 1976 a 1983. El capitán Pernías reconoció que la Armada había utilizado el «tormento como herramienta» en la lucha contra la subversión. Otro oficial de la Armada, el capitán Juan Carlos Rolón, declaró que los denominados «grupos de tareas», que estuvieron implicados en las operaciones clandestinas de la «guerra sucia», tales como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, eran una parte intrínseca de las operaciones de la Armada. Los oficiales hicieron estas declaraciones ante una comisión del Senado, la cual se opuso después a su ascenso. El presidente Carlos Menem criticó la decisión del Senado, y manifestó que era mejor «olvidar todo esto». Posteriormente, el presidente Menem declaró: «Gracias a los militares triunfamos en esa guerra sucia que puso al borde de la disolución a nuestra comunidad».
